Alguien está jugando sucio. Alguien tiene poder suficiente para pegar carteles, mover manifestaciones obreras multitudinarias con sus secretarios generales al frente, concentraciones de cómicos, estruendosas declaraciones como la del ex-fiscal Jiménez Villerejo quien dijo que los magistrados del Tribunal Supremo fueron complices del fascismo, juicios arriesgados y artículos polémicos, todo para evitar el procesamiento del juez Garzón. Y eso supone tanto como un veredicto absolutorio. Que acaso lo merezca. Pero no antes de celebrar el juicio oral preceptivo.
Además de “Human Rights Watch” adhiriéndose a no sé qué --a que no se le impute, a que no se le ponga en duda, a que no se cuestione su trayectoria incluso con sus errores, sus graves negligencias, sus posibles irregularidades procesales, sus negativas a imputar a la entidad bancaria que le pagaba las vacaciones en NY--, ahora resulta que la Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de enviar un escrito instando el sobreseimiento de la causa.
Lo del general Franco sigo insistiendo que es cosa aparte, aunque resulta difícil procesar a un cadáver. Sobre todo después de III Años Triunfales, los planes económicos, el de desarrollo, la pertinaz sequía, la cobardía global, la muerte en el lecho por pura consunción y otros detalles como para sacar los colores.
Los administrados de este país lo que queremos es confirmarnos en la certeza de la rectitud en la instrucción de sus causas menos clamorosas y recientes, que es de las que vivimos –y morimos-- los ciudadanos. Y será un test para empeños de más fuste. Pero es comprensible que sus defensores tumultuarios prefieran dirigir su atención a la Causa General sobre el Franquismo porque desvía a atención de otras cuestiones.
Veamos. El Consejo General del Poder Judicial no decidirá en su Pleno la eventual suspensión cautelar del juez Garzón por el momento, y la Fiscalía del Tribunal Supremo defiende la “Doctrina Botín” que impidió el procesamiento del banquero, aduciendo que no basta para ello la acusación popular y que es facilmente constatable la ausencia de acusación particular contra Garzón. “Opinar lo contrario --dicen-- sería admitir que la acusación particular tiene más atribuciones procesales para la apertura de jucio oral que el fiscal”. Y éste excluye un posible delito de prevaricación de nuestro personaje. Esta es la situación.
Lo malo es que esta inusual concertación a favor de una parsona, que además es juez, habla mal de su independencia. Y sobre todo evoca la “agi-prop” de las Brigadas de Aclamación fascistas.
Darío Vidal
23/04/2010
Además de “Human Rights Watch” adhiriéndose a no sé qué --a que no se le impute, a que no se le ponga en duda, a que no se cuestione su trayectoria incluso con sus errores, sus graves negligencias, sus posibles irregularidades procesales, sus negativas a imputar a la entidad bancaria que le pagaba las vacaciones en NY--, ahora resulta que la Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de enviar un escrito instando el sobreseimiento de la causa.
Lo del general Franco sigo insistiendo que es cosa aparte, aunque resulta difícil procesar a un cadáver. Sobre todo después de III Años Triunfales, los planes económicos, el de desarrollo, la pertinaz sequía, la cobardía global, la muerte en el lecho por pura consunción y otros detalles como para sacar los colores.
Los administrados de este país lo que queremos es confirmarnos en la certeza de la rectitud en la instrucción de sus causas menos clamorosas y recientes, que es de las que vivimos –y morimos-- los ciudadanos. Y será un test para empeños de más fuste. Pero es comprensible que sus defensores tumultuarios prefieran dirigir su atención a la Causa General sobre el Franquismo porque desvía a atención de otras cuestiones.
Veamos. El Consejo General del Poder Judicial no decidirá en su Pleno la eventual suspensión cautelar del juez Garzón por el momento, y la Fiscalía del Tribunal Supremo defiende la “Doctrina Botín” que impidió el procesamiento del banquero, aduciendo que no basta para ello la acusación popular y que es facilmente constatable la ausencia de acusación particular contra Garzón. “Opinar lo contrario --dicen-- sería admitir que la acusación particular tiene más atribuciones procesales para la apertura de jucio oral que el fiscal”. Y éste excluye un posible delito de prevaricación de nuestro personaje. Esta es la situación.
Lo malo es que esta inusual concertación a favor de una parsona, que además es juez, habla mal de su independencia. Y sobre todo evoca la “agi-prop” de las Brigadas de Aclamación fascistas.
Darío Vidal
23/04/2010
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